Crónicas de Torsos Huérfanos

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6/06/2005

De la CARTA MAGNA a la CARTA MANGA

por Carlos Montero,
(para revista DON DINERO del martes 7 de junio de 2005)

Le asistía razón a Aparicio Méndez, ex usurpador de la Presidencia (1976-1981) como testaferro del colegiado castrense que comandó la dictadura, cuando afirmaba en cadena nacional de televisión -previa al Plebiscito (in)Constitucional de 1980- que nuestro país “ha cambiado de constituciones, como de camisa”.
No se trataba sólo de una crítica a los caudillos y ‘dotores’ uruguayos que arrancaron el 18 de julio de 1830 jurando la constitución que más vigencia y menos aplicación tendría: por causa de revoluciones y complots, Guerra Grande, intervencionismos extranjeros y gobierno bicéfalo (desde Plaza Zabala y el Cerrito), triunvirato de compadres fallido, el presidente Berro embarcándose a instancias del General Flores, su dictadura que terminó en una noche con la vida de ambos, la revolución de Timoteo Aparicio, el golpe de Varela contra las cámaras bizantinas, los comerciantes yendo a buscar por aclamación a Latorre para pasar del caudillismo al militarismo, el ascenso de Máximo Santos, el invento de un nuevo departamento (Flores) para trampear la prohibida reelección y que Santos fuera senador para sustituir a Viera, la revolución del Quebracho, el atentado contra el dictador y la transición de Tajes a los principistas civiles que en una década rematan el siglo con el asesinato de Idiarte Borda a la salida del Te Deum, la primera revolución de Saravia y Batlle integrando un Consejo de Estado de facto.
Así vivió el naciente Estado Oriental el primer siglo del “librito” –como se atribuye a don Frutos haber llamado a la primera Carta Magna- antes que el ascenso legítimo de don José Batlle y Ordóñez en 1903 y la muerte de Aparicio Saravia un año más tarde en Masoller, inaugurara un segundo siglo marcado por la distribución de cargos ejecutivos, pues mandaba el jefe partidario al que le había tocado el departamento en el reparto, el aporte inmigratorio que organizó a los obreros con anarquistas y socialistas utópicos, la legislación reformista hasta el transplantado primer colegiado de la segunda constitución de 1917, que explota con el suicidio de Brum y el Parlamento del “medio y medio” de Terra-Herrera con la tercera carta en 1934, hasta la cuarta que deviene del “golpe bueno” con que la historia oficial bautiza al gobierno de Amézaga y la quinta constitución que nace después del Maracanazo, con el segundo colegiado, que nos llevó de las vacas gordas a las vacas flacas, del industrialismo subsidiado de Luis Batlle al liberalismo herrero ruralista que instrumentó Azzini, aunque el dólar vivía fijado por categorías según el sector a beneficiar.
La crisis del Estado prebendario y la acción/reacción, ante los movimientos convergentes de quienes estaban entusiasmados por el modelo castrista-guevarista usando la vía electoral o la armada, llevará a los grupos hegemónicos a rescatar al Presidencialismo de figuras fuertes para recomponer el “orden social perdido” (la uruguayan way of life): el general Oscar Gestido en 1966 nos conduce a la original sexta constitución, de vida efímera pues nacerá inviable por las medidas prontas de seguridad con que gobernó Pacheco, porque la boleta verde procuró agregarle la reelección (y casi lo logró) y por el recorte a los derechos individuales con intervención política de militares que la clase política concedió por ley en 1972 a Bordaberry, quien asumió tras ganarle a un general como Aguerrondo en el Partido Nacional o como Seregni en el Frente Amplio.
El país vivía entre opciones de hierro y reclamaba hombres fuertes en todas las tiendas, aunque Aparicio Méndez (aún con credencial de demócrata) apeló ante la Corte Electoral un supuesto fraude contra la candidatura de Wilson Ferreira. Ya entonces la izquierda y el nacionalismo apostaban a una nueva reforma constitucional (la séptima) para introducir el ballotage, con el fin de sumarse y ganar en la segunda vuelta al coloradismo, incluso adelantando las elecciones. Pero ya el golpe era un hecho el 9 de febrero de 1973 (reforma implícita que sometía al mismo mandatario) que restaba sólo decretarse el 27 de junio.
Méndez, quien 3 años después aceptó proscribir partidos y políticos como Demicheli no había firmado en los 15 días previos, no podía negar el rápido aprendizaje de los miembros del nuevo proceso “cívico-militar” (“aprendices de latorritos”) que desde el Consejo de Estado y Consejo de la Nación nos llenaban de “actos constitucionales” ilegítimos mediante los cuales los ciudadanos pasaban a distribuirse en tres categorías: los colaboracionistas, los inofensivos y los tontos útiles (a controlar). Fuera de la escala humana (como no-personas) quedaban los peligrosos para el régimen.
La legitimación de la dictadura no fue posible en el Plebiscito de 1980 y otra vez se frustraba la séptima hija de la Carta Magna, aunque la vuelta a la democracia en 1985 se alcanzó tras un Pacto del Club Naval donde la Constitución de 1966 se recortaba en unas partes temporalmente y en otras partes con pretenciones de hacerlo definitivamente, ya sea en forma “subyacente” o “sobrevolante”. Las citaciones a militares a declarar ante la Justicia, guardadas en un cofre por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina, sólo hicieron explícitos la crisis y el preacuerdo, consagrados de emergencia a fin de 1986 con la Ley de la Caducidad de la Pretencion Punitiva del Estado.
De allí en adelante, los uruguayos caminamos a lo largo de una transición de 20 años en la cual fuimos plebiscitando enmiendas a la Constitución, tanto para el ballotage como para refugiar en cláusulas pétreas (de difícil modificación) los restos supervivientes del Estado social tradicional (ajuste de jubilados, monopolio de teléfonos, combustibles, agua). Y lo hicimos gracias a que el sistema de modificación se facilitó, llenando de normas de rango legal la Carta Magna, atándole las manos a los gobernantes que ganaban con unas propuestas, pero que luego no podían aplicar. Aquella sociedad “amortiguadora”, nuestra mesocracia, la muy mentada “máquina de impedir”, encontraba la fórmula para que la “Carta Magna” (la norma mayor de la República destinada a los derechos básicos de la sociedad y estructuras principales del Estado) terminara plagada de minucias.
Sin embargo, el peso corporativo de los grupos de interés o de presión que empujaban cada agregado, era puesto como alegato electoral al punto que Lacalle no pudo sustraerse a la reforma de los jubilados en 1989 aunque su equipo advertía de los costos fiscales, Sanguinetti debió respaldar el monopolio de ANTEL si aspiraba a volver a postularse dos años más tarde, y Vázquez hizo lo propio también con ANCAP y con el agua.
Hoy en el gobierno nacional por primera vez, la coalición de izquierdas deberá mostrarnos cómo respetará la Constitución que ayudó a cambiar, sin apelar a justificaciones acerca del espíritu de la reforma, cuando la letra votada es harto clara. Si ahora toman conciencia del costo fiscal que tendrá el beneficio electoral obtenido el 31 de octubre, ya es tarde. No se puede estirar a la Carta Magna como un chicle sin correr graves riesgos de ilegitimidad. Tendrá entonces que optar entre las cartas en la mano y estirar la manga: o más deuda externa, o más bonos, o más impuestos .... o la nefasta maquinita impresora de billetes.
Es el momento de asumir las responsabilidades pues, como enseñaba Max Weber, la ética del político es la de la responsabilidad. O sea, la de la consecuencia, por más defendibles que sean sus principios. Usted tiene derecho a querer que el agua sea administrada por el Estado, pero pague lo que corresponda por las inversiones no amortizadas a los concesionarios que hayan cumplido. Usted puede negarse a asociar a ANCAP cuando es oposición, pero piérdase al llegar al gobierno algun buen negocio con Petrobras, PDVSA, ENARSA o la futura Petrosur.
O, si no, defínase por otra opción, sincera y no demagógica. Sincérese, vuelva a recurrir al pueblo y haga lo mismo que Felipe González con su PSOE en la primera mitad de los ochenta. Ganó el gobierno con un discurso anti OTAN y anti Unión Europea. Tras asumir el gobierno se dio cuenta de los beneficios y los perjuicios de no hacerlo. Entonces, llamó a la ciudadanía a referéndum y defendió como mandatario aquello que había rechazado como candidato. Pero la Constitución se respetó.
Ahora que Astori busca una salida honrosa a la reforma del Agua pero menos costosa que la textualmente constitucional, o Mujica se apura a lanzar una reforma que contradice su histórico discurso pro ballotage, riesgoso para un lema que tiene por delante 5 años de desgaste en el gobierno –iniciado desde el filo del 50,5%-, es el momento de que los uruguayos terminemos con 200 años de historia en que hemos manoseado las constituciones, según nuestra conveniencia. O seguiremos rindiendo culto al cinismo de Aparicio Méndez.

(*) Carlos Montero es corresponsal para MERCOSUR de RADIO NEDERLAND y editor regional de LA SINTESIS ECONOMICA

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